Producto de la suspensión del bono solidario de vivienda, la incertidumbre sobre la continuidad de la ley de interés preferencial, y la situación de mayores requerimientos a los clientes por parte de los bancos ha causado la pérdida de más de 5,400 empleos directos en los últimos meses.
De acuerdo con Elisa Suárez, directora del Consejo Nacional de Promotores de Viviendas (Convivienda) se necesita la confianza del inversionista para crecer y desarrollar la industria, y se viene observando lo contrario, luego que compradores que incialmente calificaban pare el bono solidario de vivienda, posteriormente no calificaban, y las casas que posiblemente ya estaban construidas, no se les pudo entregar.
En entrevista en Radiografía en Eco TV, Suárez se refirió al número de empleos perdidos considerando además que en la industria de cada 50 empleos directos se generan 100 indirectos. Y la disminución en la producción, por el orden del 70% que dice han dado a conocer proveedores del sector.
Así mismo se refirió al momento difícil que enfrenta la construcción al identificar entre Convivienda y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) que más de 75 proyectos se han suspendido en todo el país.
«Nadie va invertir o seguir invirtiendo en segmentos en los que se desconoce cuál va a ser el futuro de cómo se va regir, cómo va estar la ley. Hacemos un llamado de atención por lo se ha dejado de construir y lo que no se va a contruir en proyectos nuevos», advirtió.
Tras el impacto de la salida de esta opción a causa de la falta de fondos para su sostenimiento, se acentúa la situación con la incertudumbre sobre el interés preferencial «porque se ha sumado cómo califican a los clientes para poder adquirir una vivienda, el tema con los bancos, es un tema que hay abordarse, pues en la medida que el sector esté en recesión se generan menos empleos a la economía, hay menos cotizantes para la Caja de Seguro Social y un mayor número de panameños sin una solución habitacional», recalcó Suárez.
Indica Suárez que el gobierno a través de los Ministerio de Economía y Finanzas, y Ministerio de Vivienda, debe definir el pago a los bancos del subsidio que corresponde al interés preferencial para que mantengan los financiamientos en favor de estos segmentos de la población.