El gobierno dominicano presentó su propuesta de Ley de Modernización Fiscal, un conjunto de reformas que impactará a diez sectores productivos clave del país, con el fin de aumentar los ingresos estatales en más de 122,486 millones de pesos anuales. Este paquete incluye la eliminación de incentivos fiscales en sectores como turismo, cine, industria, fideicomisos y zonas francas, así como nuevos impuestos que afectarán a la clase media y alta, junto a grandes empresas.
Durante la presentación de la reforma, encabezada por el Ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, se anunció que se eliminarán los tratamientos fiscales preferenciales que hasta ahora gozaban algunos sectores estratégicos. Entre los cambios propuestos están nuevos impuestos para las compras por internet, plataformas digitales, bebidas alcohólicas, y una modificación en la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISR), con la creación de una nueva categoría que afectará principalmente a los sectores de ingresos más altos.
El gobierno defiende la reforma como necesaria para sostener un incremento de las inversiones públicas, particularmente en ayudas sociales que protegerían a los sectores de ingresos más bajos del impacto fiscal. Según Vicente, el objetivo es aumentar el gasto social sin incrementar la deuda pública, pero economistas y sectores productivos han expresado preocupaciones sobre posibles efectos negativos para la economía.
Impacto Económico y Productivo
Varios economistas y analistas han señalado posibles distorsiones económicas derivadas de la reforma. Miguel Collado Di Franco, vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), explicó que el paquete fiscalista del gobierno podría aumentar los costos de vida, afectar la productividad y limitar los ahorros de los hogares. Esto impactaría directamente en la inversión y la competitividad, además de generar cargas adicionales sobre la clase media, ya golpeada por la inflación.
El paquete incluye un aumento en el impuesto a la propiedad inmobiliaria (IPI) que afectará tanto a la construcción de nuevas viviendas como al alquiler de inmuebles, lo cual podría encarecer el costo de vivienda y desalentar la inversión en este sector. También preocupa el impacto sobre la productividad, ya que muchos consideran que la eliminación de incentivos fiscales sin una reforma integral que incentive la inversión y el ahorro empresarial podría generar una ralentización en varios sectores productivos.
Evaluación por el Sector Privado
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ha reaccionado con cautela, indicando que analizará el proyecto para emitir una posición oficial sobre su posible impacto en el tejido empresarial dominicano. César Dargam, vicepresidente ejecutivo del CONEP, expresó la necesidad de evaluar cómo estos cambios afectarán la competitividad de las empresas nacionales, que ya enfrentan desafíos relacionados con costos operativos y fiscales. La organización se reunirá con sus miembros y expertos fiscales para analizar en profundidad las implicaciones del proyecto.
Por otro lado, Ellen Pérez Ducy, economista de renombre, ha destacado que aunque la reforma tiene algunos aspectos positivos, como la simplificación tributaria y el mantenimiento de incentivos para la construcción de viviendas de bajo costo, advierte que los incrementos en los costos fiscales para ciertos sectores y los hogares podrían aumentar los precios de bienes y servicios, generando mayor presión sobre el consumo y la inversión.
Perspectivas a Futuro
Con esta reforma, el gobierno busca consolidar su agenda de modernización fiscal, aunque expertos destacan que aún faltan detalles para comprender el impacto total en las diferentes ramas económicas. El debate está apenas comenzando, y tanto el sector privado como economistas independientes han coincidido en que se requerirá un análisis detallado y profundo de las implicaciones de cada medida para evitar efectos indeseados en la economía dominicana a corto y mediano plazo.
El proyecto será sometido a discusión en el Congreso Nacional, donde se anticipa un extenso debate en torno a sus posibles beneficios y perjuicios para el país.