La Contraloría General de la República se sumó a los debates que se abrieron en el país por la caída de la ley de financiamiento en el Congreso y dijo que esta es una oportunidad para que el Gobierno Nacional fortalezca su compromiso con la estabilidad y se concentre en mejorar la ejecución presupuestal en curso.
Así mismo, recordó que el manejo eficiente del presupuesto público es parte fundamental del desarrollo y crecimiento de la economía, ya que ayuda a generar beneficios tangibles para la sociedad y, ante la no aprobación de la reforma tributaria, instó al Gobierno Nacional a redoblar esfuerzos para garantizar el uso efectivo de los recursos asignados y enfrentar los desafíos fiscales.
“La programación y ejecución del presupuesto de la vigencia de 2024 ha estado marcada, desde su inicio, por una serie de sobresaltos que iniciaron con la expedición del decreto de liquidación del presupuesto sin los requisitos legales, continuando a lo largo del año con apremiantes necesidades de recursos para su financiamiento, lo que conllevó a congelar recursos por $36 billones”, explicaron.
El ente de control puso su atención en el estado actual del recaudo tributario y sostuvo que, basados en datos del Sistema Integrado de Información Financiera, se ha registrado un recaudo total neto por $369,74 billones, inferior en 0,3% al presentado en el mismo periodo de 2023.
La Contraloría argumenta que su actuación tiene aval constitucional y por eso prevalece sobre otras normas.
“Sin embargo, por concepto de ingresos tributarios sólo se han recaudado $227,41 billones, representando el 72% del aforo vigente por $315,86 billones. Este comportamiento poco favorable de los ingresos tributarios se explica principalmente por la fuerte reducción del 18% (frente al mismo período de 2023) en el impuesto de renta y una caída de los impuestos externos de $2,29 billones”, dice el reporte.
Sumado a esto, la Contraloría lanzó una alerta por la ejecución presupuestal con corte a noviembre, señalando que está preocupada porque con corte a noviembre alcanza solo el 71,1%, siendo la más baja de los últimos cinco años y similar a la de 2020 durante la pandemia.
“Aunque se han cumplido compromisos importantes como el servicio de la deuda ($79,7 billones) y gastos de funcionamiento ($233,67 billones), en inversión apenas se han ejecutado $44,83 billones de los $100,06 billones asignados, reflejando un rezago significativo en este rubro clave”, informó.
Así las cosas, advirtió que esta baja ejecución podría llevar a que muchos recursos no sean utilizados al final del año y con base en las cifras disponibles a noviembre, manifestó que las pérdidas de apropiación podrían alcanzar los $96,87 billones ($503.4 billones de presupuesto menos $406,7 billones de compromisos), lo que representa recursos que no se usarían para los programas y proyectos planeados.
En este frente, agregó que “existe el riesgo de que las reservas presupuestales no utilizadas sean muy altas si la ejecución sigue al ritmo actual. Estas reservas podrían llegar a $33,61 billones, lo que refleja una baja capacidad del Estado para comprometer y ejecutar los recursos de manera eficiente”.
Presupuesto 2025.
Por último, la Contraloría General hizo un llamado para que al cierre de la vigencia 2024 el Gobierno Nacional ejecute el presupuesto basado en la capacidad de las unidades ejecutoras para adquirir bienes y servicios, evitando un uso excesivo de mecanismos como los convenios interadministrativos, la generación de reservas presupuestales y las fiducias.
“En este último aspecto, el organismo fiscalizador de las finanzas públicas destaca que, hasta la fecha, se han registrado órdenes de pago por $24 billones dirigidas a fiducias, patrimonios autónomos y otras figuras relacionadas con contratos fiduciarios. Esto refleja la relevancia de este mecanismo para mostrar ejecución presupuestal, lo que exige garantizar su uso transparente y eficiente para el cumplimiento de los objetivos públicos”, concluyó.
Si bien este organismo es consciente de la importancia de garantizar la transparencia en el uso de los recursos de la Nación, dejó claro que este rezago no es otra cosa que promesas que se hicieron a las comunidades en todo el país, que finalmente no se cumplirán, dado que muchos de esos proyectos deberán reestructurarse en 2025.