La Contraloría General de la República ha refrendado un contrato clave para auditar el material procesado y semiprocesado en Minera Panamá, ubicada en Donoso, Colón. Según anunció el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, este contrato tiene como objetivo fundamental contabilizar las reservas de cobre en la mina tras la suspensión de sus operaciones en noviembre de 2023 debido a un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia.
Durante la discusión del presupuesto general de 2025 en la Asamblea Nacional, Moltó explicó que esta auditoría proporcionará información esencial sobre el volumen y estado del cobre, que se estima en alrededor de 130,000 toneladas de concentrado valoradas en más de $200 millones. Este informe permitirá al Estado tomar decisiones basadas en datos sólidos sobre las reservas minerales y sus condiciones actuales.
El ministro subrayó que el Gobierno no solo está evaluando los aspectos financieros, sino que también está planificando una auditoría ambiental integral. “Estamos avanzando en los términos de referencia para esta auditoría ambiental, y la intención es contratar a una empresa que ayude a evaluar cómo se manejó la operación tanto en lo financiero como en lo ambiental”, explicó Moltó.
Este enfoque busca establecer un marco claro de responsabilidades y proveer información transparente antes de iniciar intervenciones en 2025. Además, el Gobierno trabaja en un plan para la preservación y conservación del área afectada, en coordinación con los ministerios de Economía y Finanzas y de Ambiente, con el fin de garantizar un manejo adecuado durante el periodo de transición.
El cierre de la mina se produjo tras el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el acuerdo entre el Estado y Minera Panamá, obligando a la administración del presidente José Raúl Mulino a tomar medidas para evaluar y controlar la situación de la explotación minera.