El oro, tradicionalmente valorado como refugio financiero y materia prima clave en diversas industrias, ha experimentado un notable incremento de precio en el último año. De acuerdo con el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), entre junio de 2024 y junio de 2025 el metal precioso subió más de US$1,100 por onza troy, situándose en un máximo histórico de US$3,452.8.
Este aumento responde a factores tanto económicos como geopolíticos. Entre ellos destacan políticas fiscales expansivas, tensiones internacionales y un entorno monetario incierto que ha impulsado a los inversores —incluidos los bancos centrales— a refugiarse en activos más seguros.
CREES señala que los bancos centrales han sido actores clave en esta tendencia, aumentando significativamente sus compras de oro, muchas de las cuales no se registran oficialmente. Estimaciones de Goldman Sachs indican que estas adquisiciones ascienden a unas 80 toneladas por mes, lo que representa casi una cuarta parte de la producción minera global, marcando un ritmo históricamente alto.
Este comportamiento, según el centro de estudios, refleja una creciente desconfianza en las monedas fiduciarias. La congelación de reservas rusas en 2022, junto con el deterioro de las finanzas públicas en varios países, ha motivado a muchas naciones a diversificar sus reservas hacia activos menos expuestos a decisiones políticas y más estables a largo plazo.
Como consecuencia, el oro ha escalado en importancia como activo de reserva internacional, ocupando el segundo lugar en las carteras de los bancos centrales, solo por detrás del dólar y superando al euro. Su independencia de los gobiernos, su resistencia ante crisis económicas y su capacidad para preservar valor han contribuido a este resurgir.
Para la República Dominicana, los elevados precios del oro representan una oportunidad para incrementar los ingresos por exportaciones mineras. No obstante, su aprovechamiento efectivo dependerá de factores como la capacidad productiva del país, los costos operativos del sector y la existencia de un entorno institucional propicio para la inversión y la seguridad jurídica.